Desde el año 2002 hasta hoy se está consintiendo, por el PSOE y el PP, la actividad extractiva ilegal de las canteras de Bateig. Además, consintiendo el deterioro sin control de suelo protegido de interés paisajístico, según nuestro P.G.O.U, con el agravante que supone que las empresas no pagan al Ayuntamiento canon alguno por la explotación de las canteras.

En el año 2002 IU puso de manifiesto la necesidad de regularizar la actividad extractiva que se venía desarrollando en Bateig y lo hizo desde el convencimiento del respeto a nuestro medio natural. Se estaba esquilmando el patrimonio paisajístico y cultural de nuestra ciudad, mientras los técnicos y políticos responsables del incumplimiento de las normas del P.G.O.U no hicieron nada al respecto.

IU solicitó el cese cautelar de la actividad hasta su regularización, pero no fuimos escuchados hasta que iniciamos una demanda judicial contra Azorín por permitir la actividad extractiva. Se produjo, entonces, la negociación entre las partes, haciendo IU el papel que debió adoptar el propio equipo de gobierno, consiguiendo las siguientes compensaciones: la aplicación de un sistema de gestión medioambiental ISO 14001; plan de salvaguarda de los elementos patrimoniales existentes -casas de canteros, la cañada, el humedal, etc.-; plan de reforestación de la Torreta, valorado en 125.000 euros; un canon anual de 75.000 euros que debían pagar las empresas; y por último la cesión al Ayuntamiento de 450.000 m2 en el mismo paraje.

Una vez que se consiguió todo esto, IU retiró la demanda y se inició la modificación del Plan General, documentación que nunca se llegó a enviar a la Consellería para su aprobación.

Así llegamos al año 2009 en el que la Consellería informa al Ayuntamiento que faltaba documentación y que se le otorgaba un plazo de tres meses o se procedería a la caducidad del expediente, el 1 de febrero de 2010 se notifica al Ayuntamiento que se ha procedido al archivo de esta modificación por caducidad.

Esto lo hemos conocido estos días, igual que conocimos la denegación del campo de golf. Pero esto no sólo lo desconocía IU sino, también, todos los eldenses y los ciudadanos tienen derecho a saber por qué sus políticos, PSOE y PP, privan a Elda de ingresar en las arcas municipales 600.000 euros.

Parece ser que la prohibición de construir nuevas viviendas, a una distancia de 500 metros del perímetro de la zona, es la clave para entender por qué no se quieren hacer las cosas bien y regularizar lo que ya supone un desastre medioambiental y patrimonial.

De nuevo nos topamos con intereses urbanísticos inconfesables y, es este sentido, IU decíamos a principio de esta legislatura que Adela Pedrosa es intercambiable con su predecesor en el cargo, y sus partidos, ya que los dos hacen las mismas políticas.