La crisis económica está poniendo de manifiesto el fracaso y la sostenibilidad del actual modelo económico-financiero en el que se sustentan los pilares de la organización social.

Los ayuntamientos no son una excepción en este proceso de crisis económica y, a los déficits y carencias del sistema de financiación de las de las corporaciones locales, hay que añadir la disminución de ingresos derivados de dicha crisis y la estructura política del gasto municipal. Pero los problemas de los ayuntamientos no son sólo de origen financiero, pues el actual modelo de desarrollo urbano, que tanto hemos criticado, basado en la zonificación de espacios urbanos, el abandono de la ciudad ya consolidada en paralelo a la urbanización creciente del territorio y un poder local que basa la acción política en el acuerdo y compromiso con los inversores privados, bajo el prisma del progreso y de la competitividad, ha generado una serie de problemas a los que hay que dar solución.

En Elda, junto a la zona centro bien dotada de servicios e infraestructuras padecemos barrios periféricos en estado casi tercermundista. Y un caso urbano que, salvando las zonas de nueva construcción, configura un urbanismo caótico en el que, por ejemplo, la actual pavimentación de calles y aceras son un peligro para los viandantes. Además, las comunicaciones entre sus barrios están todavía por resolver, y la necesidad del constante uso del automóvil hace peligrar, si no cambiamos de rumbo, la propia idea de ciudad.

Los servicios públicos son insuficientes y los que existen se deterioran constantemente, además de una política cultural y deportiva considerada como espectáculo y relumbrón político de la autoridad de turno.

Qué decir de las políticas de asistencia social, son los problemas a los que hay que prestar especial atención. Y lo vamos a intentar con ideas opuestas a la ortodoxia vigente que confunde las ideas de progreso y desarrollo con un crecimiento desmesurado e incontrolado que ya vemos a donde nos ha conducido.

Lo vamos a intentar a través de

· Criterios de participación ciudadana que intenten superar los vicios de la participación delegada y la incorporación de voces e ideas de profesionales independientes, con la puesta en marcha de los presupuestos participativos.

·Impugnación de la estructura presupuestaria municipal: reducción de cargos de confianza, reducción del sueldo de concejales, control exhaustivo de los procesos de contratación, eliminando las posibles "mordidas", adaptar las estructuras administrativas del municipio a las necesidades de la ciudad.

  Plan especial de inversión en los barrios.

  Plan de transporte público que plantee la comunicación fluida entre las distintas zonas de la ciudad.

  Ampliación y mejora de políticas se servicios públicos, municipalizando la gestión de todos aquellos que sea posible.

  Reorientación de los programas de cultura y deporte, en los que deben primar conceptos tales como instrucción e ilustración.

  Profundizar en las políticas de asistencia social y de igualdad de género.

· Incidir en la reconversión del entramado productivo local y desarrollar políticas de promoción de empleo y formación profesional, y, en general, el fomento de la economía social.