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Pasados 30 años de vida de la Constitución de 1978 y envueltos en una crisis económica global, vemos hoy con más claridad que los derechos que la Constitución proclama -educación gratuita, trabajo, sanidad y vivienda dignos, entre otros- no sólo no se cumplen sino que se alejan, cada vez más, de esa sociedad más justa y más igual a la que dice aspirar.
El capitalismo y sus administradores en España han demostrado su gran voracidad recortando derechos sociales para mantener su tasa de beneficios, dando lugar a grandes desigualdades sociales, elemento éste que pone en tela de juicio la credibilidad del sistema democrático.
No tiene ningún valor efectivo que se proclame el derecho a la vivienda o la subordinación de la riqueza del país al interés general, si tras esos artículos no hay otros que garanticen constitucionalmente su cumplimiento.
Del mismo modo no estamos en un Estado aconfesional como dice la Carta Magna, siendo el 2008 el año que más aportación económica se ha dado a la Iglesia Católica, nos encontramos inmersos en una corrupción político-económica generalizada, con incalculables costes para las arcas públicas, asistimos cada día a la politización de la Justicia, y a su posible colapso, y la construcción del Estado de las Autonomías requiere una solución desde la federalidad solidaria. Por último, la Monarquía tampoco se ha destacado por la defensa de los derechos humanos, violados por los sucesivos gobiernos de la democracia. Por tanto el Pacto sobre el que se sustenta la Constitución lo ha roto la propia realidad.
Izquierda Unida exige el pleno cumplimiento de los derechos sociales contemplados en la Constitución y en las declaraciones de derechos humanos, y apuesta por la profundización democrática, para que todas las instituciones y poderes del Estado, incluso la propia Jefatura del Estado, puedan ser elegidos por los ciudadanos.
Izquierda Unida propugna una República Federal Solidaria que lleve a cabo una plena democratización de todas las instancias de la administración y el poder. |
